Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en alerta a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, gracias a las acciones de sus 2 administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una composición societaria destinada a comprar el control en alrededor de veinte compañías utilizando inadecuadamente los recursos de Gedesco, de la que JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores europeos de JZI; Antonio Aynat, fundador y director ejecutivo de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo principal creador y gestor en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 empresas, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una aquí participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el enfrentamiento comienza a formarse en 2016, instante en el cual los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde entonces, se alega que se hizo un uso indebido de los elementos de Gedesco para detectar y capitalizar oportunidades de inversión a través de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada a través de una red de 12 filiales.
Esta composición pretendía ocultar la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta el momento en que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una serie de solicitudes judiciales en 2022, introduciendo una demanda en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de varias acciones legales contra el fondo, en un transcurso de menos de un par de meses.
Este ámbito legal prosigue desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los creadores de JZI por carecer de indicios delictivos, mientras que se desvelan más capas de un conflicto que resalta la complejidad de las operaciones financieras multinacionales y las discusiones entre inversores y administradores en el campo del capital peligro..